Recortes de noticias sobre la realidad migratoria

Foto de Periodista Digital
Foto de Periodista Digital

MARZO 2015

CONTRATO PARA REALIZAR VUELOS DE DEPORTACIÓN

 Ocurrió el pasado 14 de enero de este mismo año. El Gobierno hizo público su nueva convocatoria de contrato para llevar a cabo los vuelos forzosos de deportación de migrantes, adjudicándole a la empresa ganadora la suma de casi 12 millones de euros a cambio de este “trabajo”. Haciendo uso de eufemismo político habitual, este contrato está bajo el paraguas de lo que se ha publicado como “Servicios de transporte aéreo para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde éstos a otros países”, que más parece referirse a la subvención de unas fantásticas vacaciones que a los vuelos destinados exclusivamente a la deportación masiva de personas.

Y hablamos de “un nuevo contrato” porque el ya finalizado con Air Europa tuvo características parecidas y se presume que sea la misma empresa quien vuelva a asumir estas funciones, ya que no consta que se hayan presentado otras empresas. Se trata, además, de un contrato compartido con la Unión Europea en la medida en que la Agencia de la UE para el control de las fronteras (FRONTEX) puede programar sus vuelos con la misma compañía.

Se calcula que desde marzo del 2013 hasta la actualidad, las dos compañías europeas que operan este tipo de vuelos –Air Europa y Swift Air-, han llevado a cabo unos 300 vuelos de deportación. Swift Air se ha dedicado más bien a vuelos internos, incluyendo el traslado de personas migrantes entre los diferentes Centros de Internamiento de Extranjeros, mientras que Air Europa se ha especializado en las deportaciones propiamente dichas, con destino a Europa del Este, América Latina o África. Muchos de estos vuelos son semanales y cuanto se detectan por medio de los avisos que se hacen llegar a los futuros deportados, las movimientos sociales generan la alerta social para prevenir las redadas racistas y las deportaciones “Express”.

La deportación de personas migrantes es uno de los eslabones de la cadena de criminalización de la migración y del racismo institucionalizado que opera de manera más silenciosa y que es necesario conocer, más aún cuando desarrollamos nuestra misión al servicio de estos hermanos y hermanas migrantes.

La fuente de esta noticia se encuentra en el periódico digital “eldiario.es”, que tiene una sección específica que actúa como observatorio de los vuelos de deportación de personas migrantes.

(http://www.eldiario.es/desalambre/planificacion-estatal-racismo_0_351365828.html).

Una de las personas más conocedoras de este tema es Eduardo Romero, activista asturiano de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs, coautor del libro “Paremos los vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot de Air Europa”

 

 LEGALIZACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

 No es la primera vez que como CONFER nos pronunciamos acerca de este tema. Lo hemos hecho en un comunicado conjunto con Cáritas Española, el Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal y Justicia y Paz. Sin embargo, amplificamos nuestra voz nuevamente en esta hoja mensual, puesto que está a punto de aprobarse en el Congreso de los Diputados la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que ampara estas medidas y da cobertura legar a las llamadas “expulsiones sumarias”, después de haber obtenido su aprobación en el Senado. Sin querer dilatar demasiado nuestra referencia a este asunto, nos remitimos al citado comunicado conjunto que podemos descargar en la web de CONFER: http://www.confer.es/20/activos/texto/wcnfr_pdf_3919-Jpf5BxiyYDLLkphn.pdf

 

“MOVIMIENTO” EN LA FRONTERA SUR

La Frontera Sur no deja de ser noticia. Sin embargo, corren tiempos en que, para bien o para mal, la situación en torno a Ceuta y Melilla sigue estando en el punto de mira. Comenzábamos el mes de Febrero con la II Marcha por la Dignidad que se llevó a cabo el día 6, en Ceuta, en memoria de los 15 inmigrantes muertos en la playa del Tarajal después de la batalla campal que protagonizó la Guardia Civil española, lanzando sobre estas personas pelotas de goma y provocando su muerte.

Días después, el 10 de Febrero del 2015, tras el triunfo de la sociedad civil, que se organizaba y solidarizaba con estos hermanos migrantes, las Fuerzas del Orden del Gobierno marroquí respondieron con una brutal represión sobre 5 de los campamentos que existen en torno a la frontera con Melilla, quemándolos y deteniendo a personas de forma indiscriminada. El periódico digital “periodismohumano.com” recoge estos sucesos en su crónica titulada: “Marruecos arrasa los campamentos del Monte Gurugú y se lleva a cientos de inmigrantes con destino desconocido”: http://periodismohumano.com/migracion/marruecos-arrasa-los-campamentos-del-monte-gurugu-y-se-lleva-a-cientos-de-inmigrantes-con-destino-desconocido.html

El pasado 11 de Marzo la periodista fotográfica Ángela Ríos fue detenida en Melilla, la ciudad donde reside desde hace cuatro años, acusada por favorecer la inmigración irregular por haber llevado a cuatro inmigrantes en su coche hacia el CETI de esta ciudad. Estuvo unas 12 horas en la Comandancia de la Guardia Civil y puesta en libertad provisional sin cargos tras la retención.

Cuando comencé la carrera –escribe ella misma en un blog-, (…) no nos enseñaron cómo reaccionar cuando la Guardia Civil te mete en un calabozo por ejercer tu profesión, sin pruebas de rigor, sin dejarte hacer una llamada, mezclándote con delincuentes y queriéndote convencer de que tú también lo eres. Hoy, con la sentencia favorable del juez en la mano, solo puedo reafirmarme en mi inocencia, y decir que sigo creyendo en el Periodismo, en la Justicia y en la Guardia Civil, pero tengo que poner una excepción a aquellas personas que se excedieron y me llevaron al calabozo de forma indiscriminada. Decir que seguiremos informando, con más ahínco que hasta ahora si cabe, está de más. No nos cansaremos de mostrar lo que ocurre en la valla, lo legal y lo ilegal, para que la opinión pública tenga conocimiento de ello”. (https://neupic.com/articles/detencion)

 

JUSTICIA PARA ALPHA

La muerte de Alpha Pam ha sido objeto incluso de una película (“Muerte accidental de un inmigrante”). Se trata de una de las muertes producidas como consecuencias del Decretazo Sanitario que excluyó de la atención médica a miles de personas. Alpha Pam era un ciudadano senegalés de 28 años que inició su periplo por los centros de salud 6 meses antes de su fallecimiento. Acudió en más de 7 ocasiones a su centro de salud de referencia de Palma de Mallorca. El centro Can Picafort derivó al hospital de Inca a Alpha Pam el 23 de febrero de 2013 con una nota: solicitaba una valoración y radiografía de tórax para confirmar o descartar una posible tuberculosis. El hospital de Inca al que fue derivado Pam, primero le denegó el acceso a urgencias y después, tras firmar un papel con el compromiso de pago, fue diagnosticado de bronquitis. Pero no se realizó radiografía alguna ni se le hizo ningún seguimiento, provocando su posterior fallecimiento el 21 de Abril de 2013.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma archivó la querella de manera provisional contra altos cargos del gobierno a raíz del fallecimiento del senegalés. La noticia que nos hace incluir estos párrafos en la presente hoja mensual es precisamente la reapertura del caso, ya que el pasado 23 de marzo se hizo público que la Audiencia Provincial de Palma acordó retomar las investigaciones dirigidas a averiguar si una médico y un enfermero de urgencias incurrieron en un delito de homicidio por omisión del deber de socorro.

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